La modalidad de contratos – convenios (de aportes)
del ICBF con ONG tiene ventajas y desventajas.
La ventaja seria contar con verdaderas ONG sin
ánimo de lucro que tengan verdadera vocación misional y musculo financiero para
poder hacer aportes reales.
Desafortunadamente, las ONG de verdad se cuentan
con los dedos de las manos, la mayoría, o casi todas son empresas creadas para
contratar con el ICBF, las revisan y verán que toda su actividad es
contractual, no tienen actividades propias o
misionales, son ONG de AZ, es decir, de papel, se acaba el contrato y la
ONG vuelve al archivador hasta el próximo contrato.
Tienen el agravante de que casi todas tienen sus
sedes en zonas urbanas, a veces en municipios distintos alejados de la zona
donde deberán ejecutar su contrato, e incluso en otros Departamentos, es decir,
no conocen las regiones y por lo tanto no tienen compromisos con los
territorios, no hay a quien reclamar, son ONG de horario de oficina.
Digamos la verdad, casi todas son con ánimo de
lucro, pero se disfrazan de ONG, y como su finalidad real es el lucro, buscan
sacarle ganancia al contrato como sea,
lo que ha conllevado a todas las denuncias puestas hasta hoy por el
ICBF, cosa que aplaudo una y otra vez, y que sé que le ha costado duro y muchos
sacrificios a CRISTINA PLAZAS, no ha sido una tarea fácil.
El hecho de que algunas ONG no hayan sido
denunciadas aun no es porque sean buenas,
es que no han dado papaya, han sabido hacer sus operaciones, hay gente
muy lista encargada de camuflar esto.
Como muchas de estas ONG no son de los territorios,
su actividad se limita a algunas visitas, van unas cuantas veces al mes, y
centran casi toda su actividad al suministro, que es lo que más les interesa,
desatendiendo las actividad de protección de los niños, esto explica porque
algunos niños que han sido identificados con desnutrición o han muerto por esta
causa u otras, pese a que estaban en programas del ICBF nunca fueron reportados
por los operadores (ONG), porque sencillamente nunca los buscaron, no les
interesa eso, o si los reportan, fue porque los encontraron por casualidad.
Estas ONG que hacen, subcontratan actividades con
las comunidades, es decir, trasladan la responsabilidad de ejecución en
manipuladoras y uno que otro líder a los cuales les pagan muy por debajo de lo
que les dio el ICBF, pero nunca están al frente de esto porque ello implicaría
irse a vivir a las comunidades, cosa que los dueños de las ONG no van a hacer,
no son misioneros.
Esto quiere decir, y lo he visto muchas veces, que
hay una tercerización, pero pagando a un valor muy por debajo de lo que pago el
ICBF y en esa diferencia es que obtienen sus ganancias, además de ganancias por
compras de alimentos de baja calidad, de contrabando, etc.
No han notado que en todos los contratos se exigen
nutricionistas, se han preguntado cuantas nutricionistas hay en La Guajira, les
aseguro que algunas de las que aportan las ONG son simples hojas de vida, donde
a veces la nutricionista no tiene ni idea de que la están ofertando, o la
tranzan por un poco de dinero, pero estas nunca van a la comunidad.
Esto explica porque una ONG pillada y denunciada
por ICBF tenía valorados nutricionalmente los niños con meses de anticipación.
He dicho y escrito muchas veces que para trabajar
con los wayuu y las comunidades (en todo el país) en general, se debe trabajar
de la mano con ellas, que hay que involucrarlas, que deben ser gestoras de sus
propias soluciones, que deben asumir responsabilidades de sus niños, esto es un
mandato de la constitución, los primeros responsables son los papas, las
familias, la sociedad (en este caso la comunidad donde vive el niño), y el
Estado.
Solo los que viven en los territorios, pueden y deben estar pendientes de sus niños, es imposible que una ONG (así sean la más altruista del mundo) con sede en Valledupar, Barranquilla, Bogotá o incluso Riohacha este pendiente de un niño localizado a cientos de kilómetros de distancia, y más en territorios como la media y alta guajira que son de difícil acceso.
Debemos dejar de ver estas actividades como simples
contratos o convenios y verlos como herramientas para transformar realidades,
es decir, que sean un medio y no un fin, porque a través de estos convenios o
contratos se pueden articular muchas otras cosas y vincular muchas otras
instituciones públicas y privadas para transformar las duras e inhumanas
realidades del pueblo wayuu que se convierten a menudos en tragedias
humanitarias.
Que las comunidades no están preparadas, que
algunas han caído en casos de corrupción, ineficacia e ineficiencia,
(desafortunadamente eso es lo que les hemos enseñado) puede ser cierto, pero
eso no implica tirar todo al saco de la basura, hay que recomponer, hay que reorganizar,
hay que mejorar, hay que cualificar, capacitar, enseñar, debemos reiniciar
procesos, ese es el cambio de chip que promulgo, debemos hacer una autocritica.
No podemos seguir tratando a los indígenas como
menores de edad, como incapaces, como una clase de seres humanos inferiores que
requieren estar bajo el cuidado, control y tutela de un mayor arijuna, ellos
son capaces y pueden darnos sorpresas, pero hay que apoyarlos, esa es la
solución real, de lo contrario seguiremos en las mismas.
Contratar directamente con las comunidades no
implica renunciar a la obligación de vigilar y proteger, esa función es innata
e irrenunciable para el Estado.
Adicionalmente, contratar con las mismas comunidad,
implica que se generará empleo a su interior, y si hay empleo, hay ingresos y
si hay ingresos puede comer toda la familia, y ayudamos a reducir la miseria o
pobreza extrema que en Manaure esta el 91% y en Uribía del 90% (fuente DANE
Censo Agropecuario 2014).
La pregunta sería como garantizar que una organización
indígena no sea picara y solo estemos cambiando de un ladrón arijuna por un
ladrón wayuu.
Lo primero es que el operador sea indígena, y que
viva en el territorio donde va a operar.
Definir con claridad los territorios geográficos,
no entiendo como un operador atiende niños aquí, otros allá, pero no a los que
están en medio porque esos están con otro operador, o como atiende unos niños,
pero otros no, así no debe ser, debe haber homogeneidad geográfica y
territorial en la zona de responsabilidad del operador étnico.
También debe implicar un pacto de
responsabilidades, incluso con responsabilidades fiscales, disciplinarias y
penales si fallan.
Hay muchas formas, una es contratar con las
Asociaciones de Autoridades Tradicionales o Cabildos.
El Decreto Nacional 1088 de 1993, por el cual se
regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas, señala en su artículo 2º que son entidades de Derecho Público de
carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa.
Ahora bien, el problema es que no todas las
comunidad forman parte de una Asociación, en este caso se pueden organizar en Uniones Temporales de Autoridades
Tradicionales y contratar como tales, siempre y cuando garanticen unidad
territorial y cobertura global.
Aquí se puede trabajar de la mano con la Dirección
de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.
Estos procesos no serán rápidos, implica
preparación, organización, capacitación, control y seguimiento (alistamiento),
y debe ser concertado con los indígenas.
Un requisito adicional seria exigir el uso de GPS,
solo se paga si se verifica que estuvieron en las comunidades y eso se
verificar con el uso de GPS, porque el “track” o “rastro” que deja el GPS permite
verifica el día y la hora en que fueron a un lugar, incluso el tiempo que
estuvieron allí, además de soportes fotográficos, que pueden ser cargados a una
página Web especial para seguimiento y control.
Finalmente, hay temas que afectan la prestación de
servicios del ICBF pero que se salen de su competencia, como la falta de agua,
energía eléctrica para conservar los alimentos, vivienda óptima para garantizar
el bienestar de los niños, falta de vías, falta servicios de salud, o la
pobreza extrema del núcleo familiar, que es competencia de otras entidades no
solo nacionales sino regionales, departamentales y municipales.
Siempre me he hecho una pregunta: como se preparan
alimentos sanos e inocuos si el agua disponible en la zona es de un jagüey, y
es la única opción para preparar los alimentos, o con suerte un pozo artesiano
o pozo profundo cuyas aguas son salinas o alcalinas o las dos cosas al tiempo,
y que le queda a varios kilómetros de distancia?.
Como se garantiza el bienestar de los niños si viven
en casas cuyas estructuras son más aptas para el ganado?, o como se garantiza
derecho a la salud si en las zonas no hay centros de salud?.
Estas son sin duda alguna parte de las preguntas
fundamentales que deben ser contestadas.
Estas son solo percepciones e ideas, están abiertas
a la discusión por todos.
Mauricio Ramírez Álvarez
@mauricioadmpub
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