Acabo el año 2016 con 88 muertes de niños por
desnutrición, según fuentes oficiales, o con 103 muertes según registros de la Asociación
Shipia Wayuu, niños más o niños menos, la muerte de un solo niño por causas
asociadas al hambre es ya una tragedia, 88 o 103 es una hecatombe 100%
injustificable en un Estado que se proclama como un Estado Social de Derecho.
Doy fe del esfuerzo de Cristina Plazas, directora
del ICBF por incrementar coberturas y llegar
a mas lugares de los cerca de 18.818 km2 que tiene Uribía, Manare, Maicao,
Riohacha y Albania y que comprende la región conocida como media y alta guajira
y que en conjunto representa el 81% del territorio del Departamento,
concentrando a su vez el 78% de la población, siendo la población rural étnica dispersa
el 60% de la población del Departamento, sin embargo, pese a que disparo
coberturas, estas aun están cortas por una sencilla razón, hay variables que el
ICBF no puede intervenir por no ser su competencia, y que influyen profundamente
en la crisis de los niños guajiros rurales e indígenas.
Cristina Plazas se encontró con una población cuyo número
y ubicación se desconocía y aun se desconoce totalmente, realizó varios micros focalizaciones
para ubicarlos pero no alcanzo a cubrir todo el territorio, es una labor titánica
y extremadamente difícil.
De estas penetraciones a los territorios, permitió
concluir que el País no entendía el territorio, y permitió evidenciar que la población
estaba sumida en la pobreza absoluta (calculada recientemente por el DANE en
91%), extremadamente dispersa, afectada profundamente por el cambio climático, sin
acceso al agua, a la educación y a las salud, sin fuentes de empleo, con una inseguridad
alimentaria que hoy día puede ser superior al 70%, sin vías de acceso, y sin oportunidades
para salir adelante.
Desde el año
2013 cuando se iniciaron los primeros estudios que pusieron sobre el tapete la trágica
tendencia de muertes sucesivas de niños a causa del hambre se pudo poner en evidencia
que sencillamente el Estado y la Sociedad Colombiana no sabían que estaba
pasando en La Guajira, o si sabían sencillamente miraban para otro lado, pese a
que las cifras del SIVIGILA y del DANE mostraban estas tendencias pero que no
tuvieron la fuerza suficiente para llamar la atención y generar las alertas en
cabeza de las autoridades competentes ya sea el Ministerio de Salud, Presidencia,
el Departamento, los Municipios, etc., porque sencillamente todos se habían
acostumbrado a estas cifras y formaban parte más de las anécdotas de un
territorio lejano a Bogotá, que un grave problema social y humanitario.
Causas de esta tragedia han sido muchas, sin embargo
muchos buscaron quitarse la responsabilidad y echarle la culpa al otro en lugar
de tomar las medidas necesarias para conjurar estas muertes sistemáticas,
llegando al punto de pretender echarle la culpa a los papas y a la corrupción
como únicos factores generadores de la crisis.
Responsabilidad de los padres, en cierto grado si
hay, pero cuando una familia vive en la pobreza extrema, y a la cual se le niega
toda oportunidad de desarrollo, hace que esta responsabilidad se atenué porque entra
en juego responsabilidades de otros, ya sea institucionales y sociales.
La corrupción, ciertamente ha tenido mucho responsabilidad,
pero este fenómeno es el resultado de un sistema que nació y se desarrolló en medio
de de un sistema político diseñado para ello. El ICBF estaba coartado por congresistas
y grupos de poder en todo el país, era el negocio de pocas familias, con sofisticados
sistemas para robar los dineros que iban destinados a los niños, sin embargo,
aun si no hubiera existido corrupción, las muertes igual se hubieran dado
porque sencillamente los recursos eran insuficientes y el Estado nunca entendió,
y no lo ha hecho a la fecha, cual es la magnitud del problema.
Cristina Plazas me ha dicho en varias oportunidades
que La Guajira es inviable, hecho que me niego a creer porque si eso fuera así,
no habría más remedio que recoger maletas e irse. La Guajira no es inviable,
tiene profundas dificultades, pero es en estos momentos cuando debemos mostrar
de que estamos hechos y sacarla adelante.
Si La Guajira fuera inviable entonces el país entero
sería inviable porque si en La Guajira ha habido y aún hay corrupción, a nivel
nacional este fenómeno se multiplica por mil, mega escándalos, robos del sistema
de salud, SaludCoop en total impunidad, Reficar, Interbolsa, Odebrecht y la Vía
del Sol, mermeladas, una reforma tributaria que era y sigue siendo necesaria pero
de fondo, pero que resultado en una modificación grosera que atenta contra los sectores
más vulnerables, un ICBF que pese a los inmensos procesos de depuración que ha
hecho su directora continua aun coaptada por grupos de poder, haría pensar que debemos
cerrar el país e irnos para otra parte.
Colombia es viable, y la Guajira también, solo que
debemos corregir muchas cosas, incluso la forma de pensar, y modificar las
estrategias, porque es claro, muchas estrategias que se están usando actualmente
no ha funcionado.
Debemos modificar estrategias de intervención de la
problemática de las etnias de La Guajira, que ya no solo es del pueblo wayuu,
sino que afecta también a los wiwas, koguis, arhuakos y kankuamos, no se pueden
seguir interviniendo desde Bogotá y con ONG o Empresas de bolsillo, donde
muchas veces sus reales dueños son funcionarios del mismo gobierno nacional o
regional, se debe intervenir dentro de los mismos territorios, a través de las
mismas organizaciones indígenas, porque ellas deben ser gestoras de sus propias
soluciones y su propio desarrollo, pero el Estado debe darle las herramientas y
los medios necesarios para lograrlo.
Pero antes que nada, es necesario que el gobierno
nacional e incluso el departamental y municipal entiendan las realidades de las
etnias, que entiendan el territorio, que entiendan las problemáticas y se
comprometa a solucionarlas.
A Cristina Plazas le preocupa, y a mí también, que
muchas organizaciones indígenas han sido
incapaces para lograr estas metas, y algunas han caído en procesos de corrupción,
pero eso no justifica sacarlas de una y reemplazarlas por organizaciones
externas, lo que se debe hacer es procesos de reingeniería, capacitación, reorganización
y cualificarlas para que puedan asumir sus competencias correctamente.
Ellas son la solución a los problemas porque están en los territorios, viven allí, y conocen de primera mano sus problemas, hay que concertar con ellas.
Si algunas organizaciones han caído en malas prácticas
es culpa del mismo Estado, no las preparara, no las acompaña, no las apoya, no
les hace seguimiento, y ahí está la falla, hay que seguir trabajando con ellas,
pero con acompañamiento permanente, porque el Estado no puede renunciar a sus
obligaciones legales y constitucionales.
Los niños deben dejar de ser un negocio y convertirse
en un propósito nacional.
@mauricioadmpub
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